Cuatro semanas. No más. El 1-O se ha convertido en un mantra, en un fetiche, en un alfa y omega. Y no es verdad. Los efectos del 1-O se han producido ya. No dependen tanto de la fecha como del camino recorrido en su búsqueda, hacia ella.
El presidente del Gobierno español inaugura el año político con las reiteradas cantinelas de “la fuerza de la ley” y “la total firmeza y determinación”, para asegurar enfáticamente, palabra a palabra, sílaba a sílaba, letra a letra, que “nadie va a liquidar la democracia española” (salvo ellos, que bien empeñados están).
En el envés de la moneda resuenan otros estribillos revestidos ahora de normas presuntamente legales que en realidad resultan ilegales en pro de una solución falaz, por imposible e incluso por lesiva incluso para quienes la propugnan. «Impedir el referéndum sería un golpe de estado», dice Puigdemont (¿y si se celebra, no?). «Tendrán que reprimir y la gente no se quedará en casa” (¿es ese el temor o el objetivo?). “La corrupción del PP obliga a proclamar la República catalana” (¿pero quiénes son los socios de gobierno de ERC o la CUP?
¿Qué importan ya esas palabras? ¿Qué importa ya el resultado del referéndum y hasta el referéndum mismo, tanto si llega a celebrarse como si se queda en el intento? ¿Qué importa?
A Cataluña y a España, a ambas porque no podía ser de otra manera, las ha atrapado la trampa que describe Soledad Gallego Díaz. La que emprendió un gobierno catalán asediado por su propia corrupción, por su mala gestión, por su liderazgo en la aplicación de los recortes que supuestamente reclamaba la crisis. El mismo gobierno que quiso sortear su fracaso con un salto mortal, al que ha ido añadiendo piruetas y tirabuzones a lo largo del tiempo. Para asegurarse de que el salto será mortal.
La trampa creció y creció no solo por la iniciativa de la Generalitat y algunas instituciones subalternas sino también, y de manera extraordinaria y grave, por la incapacidad del Gobierno español para entender que, detrás de la fanfarria, había elementos muy profundos que reclamaban atención y para interpretar que la carencia de estímulos del discurso político en el ámbito económico y social podía tentar a los truhanes e incitar a la ciudadanía a buscar horizontes persuasivos más sugerentes.
Buena parte de la sociedad catalana respondió de manera contundente y creciente a la afrenta que supuso el rechazo de la reforma del Estatuto consensuada por los gobiernos y los parlamentos de España y Cataluña que el Tribunal Constitucional arrumbó por iniciativa del PP, valedor de textos similares a los que repudiaba en Cataluña en otras comunidades autónomas.
Y a partir de ahí, el enfado, la tensión, el enojo, la bronca y hasta la agresión taimada en medio de un funeral.
Porque no se trata ya del enfrentamiento de dos instituciones representativas, obligadas paradójicamente a la cooperación y el entendimiento, sino de una sociedad, la catalana, dividida por los disparates acumulados por sus representantes locales, y de otra, la española, sometida a la sinrazón del gobierno supuestamente común. No se trata ya del riesgo de la aventura de la Generalitat o del tancredismo (y el escapismo) de Mariano Rajoy. Se trata, como señala Míriam Martínez Bascuñán, se ha conseguido Romper la conversación hasta tal punto que los catalanes se entienden mal entre ellos mismos y ellos y el resto de los españoles lo hacen aún peor.
Así hemos llegado a este punto. Pase lo que pase, el muro que unos y otros han levantado, ya no se resuelve con la acción política. Esta, a lo sumo, puede aminorar el daño. Pero este es grave y, por lo que se puede entrever, irreparable. Por eso los causantes de tanto despropósito solo merecen desprecio. La hazaña de nuestros prohombres la pagaremos durante demasiado tiempo. Muchos que hoy lo lamentamos con dolor no sobreviviremos a este barrizal.
