Se pongan como se pongan y se pongan quienes se pongan, la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado no parece una decisión edificante. No se trata solo de una medida poco estética, sino también escasamente adecuada para quienes propugnan una justicia despolitizada.
El presidente del Gobierno podía prever las reacciones que generaría el nombramiento. Para explicarlo se ha remitido exclusivamente a su legalidad. Sin embargo, ha acallado su verdadera motivación, tal vez relacionada con el ambiente de combate de este comienzo de legislatura.
La independencia es un requisito imprescindible para que la justicia sea justa, pero la justicia es mucho más que la fiscalía. Cuando el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional o el Consejo General del Poder Judicial tienen un sesgo político e ideológico incuestionable, ¿es razonable el rasgado de vestiduras de quienes han forzado esa situación por una decisión concreta del nuevo Gobierno?
Dolores Delgado tiene detractores –casualmente, los mismos que persiguieron a Baltasar Garzón– que no cejan. En su breve tiempo como ministra fue reprobada en tres ocasiones en el Parlamento. La mayoría de los votos opositores procedían de sectores que han tratado de mantener a la justicia bien amarrada a sus intereses.
En esa tesitura y ante las tensiones que se avecinan, el presidente del Gobierno ha optado por armar una trinchera legal frente a una oposición decidida a impedir la renovación de los órganos judiciales de mayor relevancia. Una medida de protección frente al ataque masivo de quienes atacan lo que dicen defender.
El Gobierno, o más exactamente su presidente, no ha tomado una decisión para sentirse orgulloso. Pero las reclamaciones más estentóreas contra su medida proceden de los sectores más empeñados en controlar e incluso someter a la justicia. Algo absolutamente antagónico con la defensa de su independencia.
