Cabía suponerlo. La Mesa del Congreso ha decidido que no habrá Comisión de investigación sobre las cuentas y los regalos del Rey emérito. Los letrados de la cámara han avalado la decisión. Solo los dos representantes de Unidas Podemos votaron en contra.
Era previsible, pero la decisión resulta irrelevante. La Comisión de investigación no podía resolver el problema de fondo, porque lo relevante no era el procedimiento parlamentario sino el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad. Y eso solo lo resuelve la voluntad de transparencia de los señalados: las personas y las instituciones que representan.
Se sabía, pero nada cambia. Con comisión o sin ella, los ciudadanos tienen todo el derecho a exigir el conocimiento de la verdad y de repudiar el silencio administrativo o la excusa legalista. Cualquier organismo de un sistema democrático está obligado a la transparencia y tanto más cuanto más alto es el rango de la institución.
La decisión de la Mesa del Congreso no resuelve nada. Al contrario, deja sola a la monarquía en su obligación de transparencia, un requisito ineludible para su propia supervivencia. El Estado no puede estar representado por quien se niega a respetar los derechos de sus ciudadanos.
Se tratará de que el tiempo pase y la gente olvide. Hay asuntos que, cuando no se digieren bien, regurgitan, huelen mal, saben a podredumbre. La historia no absolverá al que esconde y calla.
