¿Es anticonstitucional criticar a los jueces, poner en cuestión algunas de sus interpretaciones de la norma legal, dudar de su neutralidad –qué le vamos a hacer, son humanos– o advertir que determinadas decisiones desprenden una especie de tufillo rancio? ¿Es anticonstitucional expresar que algunas señorías aducen determinados valores interpretativos[1], como mínimo, singulares, amén de reincidentes?
Abandonemos los eufemismos: ¿a qué viene tanta monserga?
Situemos el contexto: las declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sobre las casualidades en que incurren algunas actuaciones del magistrado Manuel García–Castellón.
¿El respeto a la separación de poderes impide la crítica de los ciudadanos e incluso de los representantes públicos a los jueces? ¿No les basta a estos el acatamiento de sus sentencias, cosa bien distinta a asumir sus argumentos e incluso algunas de sus decisiones? ¿Acaso la crítica no es el resultado inevitable e imprescindible de un sistema judicial basado en el derecho a la defensa y en la controversia sobre hechos y argumentos? ¿A qué viene ese respeto reverencial a un juez de carne y hueso?
Al asumir sus responsabilidades, los jueces deben interiorizar esos derechos ciudadanos. Deben ser los primeros en aceptar la crítica, no el desacato. Pero la realidad es buen distinta. ¿Se debe reconocer al juez un estatus de superioridad sobre el ciudadano sin cargo público o con él? ¿O al contrario? Puesto que al juez se le reconoce la capacidad de decidir sobre la vida y la hacienda de los demandados por una falta o un delito, ¿eso le obliga a impedir la réplica incluso airada del acusado? Por el contrario, ¿el poder sancionador del juez en defensa de la legalidad no le excluye del debate público?
Quienes reclaman el acatamiento absoluto no solo de la sentencia sino de todo el proceso judicial y sus circunstancias concomitantes tal vez concedan a los jueces, aparte de un poder indudable, un saber inmaculado. ¿De qué probeta aséptica y amorfa han salido, pues, sus señorías? ¿Qué pedigrí deben acreditar para ser admitidos en la carrera judicial y, más aún, para acumular cargos y responsabilidades? ¿De qué árbol genealógico han caído seres tan esterilizados?
Resulta difícil entender que una persona pueda carecer o excluir de su biotipo algo que le ayuda a comprender el mundo donde vive, que le orienta en su interpretación de lo que observa, que le induce a asumir valores prioritarios en ámbitos muy diversos de su propia existencia. ¿Se deben exigir esos atributos (o esas carencias) para ser juez? ¿Los aspirantes a tal condición deben excluir o carecer de cualquier referencia ideológica o cultural?
Las máquinas no son la solución. No carecerían de tales referencias, porque eso dependería de otro imposible: la asepsia mental de sus programadores o de una gracia divina, lo que a estas alturas se antoja menos fiable aún que un juez. El sistema se basa en el respeto a la independencia de los jueces. En la presunción de su imparcialidad. Pero eso solo se puede establecer en la medida en que sus decisiones sean criticables y en que existan medios que permitan la discrepancia a través de una escala de recursos y sucesivas instancias, incluida la de la opinión pública.
El sistema democrático se basa en la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, obviando el mediático, que añade leña al fuego. Pues eso: cada cual, a su tarea; ¿sin interferencias? Imposible.
La justicia debe evitar un sesgo ideológico. Pero evitarlo se sitúa muy cerca de lo quimérico. Si un juez se adscribe a la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿se debe a que ignora que se trata de una organización de talante más que conservador? Si lo hace a la Francisco de Vitoria, será por pasar más inadvertido? Y si opta por Jueces por la Democracia, ¿obedece a que demócratas somos todos? ¿Por qué no se intercambian? Un año en una, otro en otra, el tercero en la que falta y el cuarto, de descanso, en pausa. En fin: ¿por qué les repele que se les adscriba ideológicamente si son ellos quienes lo hacen e incluso lo proclaman?
¿Los ciudadanos erramos al suponer cierta afinidad ideológica a un juez? ¿Los responsables públicos, también? ¿Qué farsa es esta?
La judicatura es conservadora por naturaleza. Como lo es la policía o el ejército. Son poderes reales. Y fuertes, decisorios. Por ello se mueven sobre terrenos de dudosa condición. Hay excepciones, pero insuficientes para convencer a los ciudadanos de que es falsa o falaz la neutralidad que de sí mismo proclaman.
Por eso, ¿aguantarse?
– ¡Basta ya de monsergas!
[1] Por decirlo de alguna manera.
