Una vieja historia. Deporte, público o privado; interés general o particular. El asunto vuelve a la actualidad porque RTVE va a denunciar el contrato por los resúmenes de los partidos de la Liga de Fútbol española.
TVE paga 12 millones de euros por las imágenes más destacadas de cada encuentro, en exclusiva, pero las cadenas privadas, con amparo judicial, emiten prácticamente esas mismas imágenes basándose en el derecho a la información.
La corporación pública pensó que esa inversión le reportaría una audiencia superior a la de una película y, además, reduciría el coste de la franja de emisión. Las cábalas fueron erróneas y ahora se reclama a quien vendió la exclusividad de las imágenes sin poder legal sobre los derechos exclusivos.
Más allá del litigio concreto, caben otras consideraciones.
La primera sobre la propiedad de los derechos. Del deporte o, por ejemplo, de las más significativas propuestas culturales. ¿El derecho a la información permite ofrecer los finales de las películas, de las obras de teatro, de cualquier otra actividad merecedora de un amplio interés y sometida a un régimen de producción estrictamente privado? ¿El fútbol pertenece, en serio, a las actividades de interés público, al margen de su implantación como fenómeno más o menos mayoritario?
Desde que el primer gobierno del PP, con Aznar y Álvarez Cascos al frente, acuñó el “interés general” del fútbol, el disparate se ha perpetuado. Aquel gobierno encontró esa excusa para desposeer al Grupo Prisa–Canal Plus (su mayor adversario en aquel tiempo) de los derechos adquiridos en una puja en la que también había participado (a través de sociedad interpuesta) el propio gobierno y en la que salió escocido. O sea, los mismos que se niegan a comparecer en público tras una adoptar una decisión trascendental para el país obligan a que se distribuyan sin contrapartida los goles de cualquier equipo de primera, segunda o tercera división por el interés de la sociedad.
Otra cosa sería el abuso en las condiciones contractuales. Pero resulta difícil entender que en este tiempo en el que el fútbol, y la mayor parte del deporte que interesa masivamente, responde –en apariencia, al menos– a criterios fundamentalmente económicos se someta legalmente a razones de interés o valor público.
Salvo que primen otras consideraciones. Por ejemplo, su capacidad para transmitir algunos de los valores más discutibles de la sociedad contemporánea: ya sean nacionalismos o localismos o, algo mucho más definitivo como la competitividad, el reconocimiento del éxito como valor excluyente, la primacía de las emociones sobre lo razonable, el sometimiento del juego o la diversión a la victoria, el aberrante “ganar, ganar, y después ganar”. Esos valores de los que se nutre la sociedad que nos deprime y que encuentra en el deporte de competición a su propio para digma: la confusión de lo público y privado; todo, según interese a los que pueden.
