Las instituciones tienen que aportar valor a la sociedad. El de la monarquía solo puede tener un carácter simbólico. O sea, una legitimación basada en el arraigo histórico y en el reconocimiento social conjugado en presente de indicativo.
La dictadura quebró, primero, el posible arraigo histórico, aunque, luego, tratara de ejercer como avalista de lo antes repudió. Para evitar un bucle irresoluble, los pactos de la Transición recuperaron la figura innecesaria de un rey de dudoso pasado, pero que tuvo el mérito de alcanzar un respaldo popular significativo. Hasta que ese mismo rey dilapidó al completo su propia obra ejerciendo de sepulturero de la institución que él mismo había reavivado.
El fiasco juancarlista aniquiló el arraigo histórico y el reconocimiento social, dejando a la institución a la búsqueda de su propia supervivencia, abocada a una lucha desesperada en defensa de los intereses personales de quienes detentan la corona o del pánico al vacío esgrimido por las formaciones políticas con opciones a asumir la gobernación del país. La monarquía española pende desde entonces de la horca que tejió quien se proclamó restaurador de la institución.
La sociedad española vive la realidad institucional como un tiempo de descuento, como una prórroga que, por el momento, no preludia el definitivo lanzamiento de penalties, porque esta competición carece de normas estrictas. No obstante, ese último recurso parece cada vez más verosímil. En estas fechas a la monarquía solo la salva el miedo al salto institucional o al vacío que los poderes representativos son incapaces de solventar.
Los movimientos de la Casa Real, lentos e irrelevantes, apenas amortiguan el estrépito de la caída. La publicación del patrimonio del actual monarca no significa más que una nueva solicitud de confianza sin garantías verificables, porque la sociedad ya está advertida de que la realidad real se teje en las sombras y porque la complicidad de las instancias a las que se otorga la condición de avalistas han demostrado o su ceguera o sus tragaderas.
La nueva reglamentación aprobada por el Consejo de Ministros y respaldada por el principal partido de la oposición (¡qué casualidad, tras años de hostilidades que parecían congénitas) abundan en esa sensación de paripé. Y así, el deterioro de la primera institución del país avanza irreversiblemente hacia su irrelevancia; a estas alturas, irrefutable, porque no hay quien la crea. Solo la mantienen quienes han decidido mirar con los ojos cerrados.
Y sin embargo… no cabe obviar que tenemos otros asuntos más imperiosos e ineludibles a los que prestar atención.
¿No es eso la prueba más contundente del profundo, irreversible y, definitivamente, real deterioro de su majestad la institución monárquica?
