La coalición de gobierno y hasta el Gobierno de coalición parecen atrapados en sus propias contradicciones. El Gobierno parece obligado a rectificarse; la coalición, a reinventarse.
Ambos, con alguna ayuda más, pusieron en marcha la ley del solo sí es sí contra la violencia de género tras una negociación compleja y larga. Costó lo suyo llegar a un compromiso y, una vez alcanzado, el acuerdo se desmoronó en cuestión de días: entre pocos y ninguno.
La Ley era estupenda, proclamaba el ministerio de Igualdad y asumía el ejecutivo, aunque muy pronto se advirtió que su aplicación rebajaba en muchos casos las penas impuestas a los delincuentes ya condenados por violencia de género.
Esas rebajas de penas y algunas excarcelaciones no dieron tregua al Gobierno. Una parte reclamó socorro al Tribunal Supremo; la otra, señaló con el dedo a los jueces y a su sesgo machista. Una y otra se empeñaron en negar que la rebaja real castigo era una consecuencia directa de la nueva ley.
A partir de ese momento el debate se centró exclusivamente en el hecho cierto e inevitable de las rebajas. Si la nueva ley respondía a una mejor comprensión del problema, dejó de importar poco muy pronto. Así sea impuso una reflexión ineludible: ¿modificar la ley?, ¿incluir alguna enmienda que impidiera la disminución de las penas? El debate social fue creciendo con la ayuda inestimable de la oposición, repentinamente convertida al feminismo. La bola creció sin una argumentación coherente de otra índole.
Para empezar, hubo que admitir –salvo los más duros de mollera– que, tras la aprobación de ley, la revisión de las penas de los ya condenados no se había convertido en una potestad de los jueces, sino en una obligación, siempre que los cambios legales favorecieran a los delincuentes. Así de claro y así de crudo.
Para seguir, hubo que asumir que una posible reforma de la Ley en ningún caso impedirá la revisión a la baja de quienes fueron condenados con penas más altas que las previstas por la norma actualmente vigente. O sea, que la rectificación no acabará con las rebajas.
Para terminar, a la sociedad en su conjunto le repugna, sobre todo, la reducción de las penas y le importa mucho menos una tipificación de los diversos delitos más acorde con los tiempos actuales e incluso se minimiza la exigencia ineludible del consentimiento, el solo sí es sí; un asunto primordial que la mayoría obvia por su mirada obsesiva sobre la mayor cuantía de las penas.
Una parte de los avalistas de la nueva ley asegura que, en el peor de los casos, es mucho mejor que la anterior. Y es muy posible, e incluso seguro, que tengan razón. Pero, entonces, en lugar de responsabilizar a los jueces –en muchos casos concretos con razón–, debería haber asumido la reducción de penas en beneficio de una tipificación más adecuada de los delitos y las sanciones. Nadie se atrevió a llevar el debate por esos derroteros. Solo Manuela Carmena–que una sepa– ha hecho una referencia explícita a la posible conveniencia de la implementación de nuevas variables respecto a la tipificación de los delitos y al castigo correspondiente.
Otra parte de los avalistas –el Gobierno y algunos de los que se manifestaron a favor de la ley– se ha visto atropellada por las rebajas de penas porque ella misma ha asumido la primacía de su cuantía. No ha defendido el fondo de la ley, la nueva mirada sobre el problema, sino que ha trasladado sus alegatos a una confianza vana en la complicidad de las más altas instituciones judiciales en la reinterpretación de la nueva ley y de las penas en ella contempladas.
Una vez más la izquierda ha sido rehén y víctima de sus propias aspiraciones y sus frecuentes artimañas, de sus explicaciones en clave política y sus recovecos justificativos.
¿La sociedad no puede asumir la reducción de penas en aras de una legislación más justa? ¿No era esa legislación más justa lo que se buscaba? ¿Por qué, entonces, someterse exclusivamente a la consideración tan frecuente como falaz de que el incremento de las penas genera automáticamente un descenso de los delitos?
Al final, los defensores más apasionados de la nueva Ley han sido incapaces de exponer sus ventajas. Obviaron el fondo de las reformas para asumir que el castigo por sí mismo mejora a la sociedad.
¿Se resolvería el problema si los delitos de abusos sexuales, violaciones, etcétera, se castigaran con la pena de muerte? Parece obvio que nadie asumiría ese planteamiento. Y por eso el debate sobre las penas tal vez niegue los aspectos más relevantes de la Ley. Pero a ver quién se lo explica a los votantes… Los ciudadanos, aunque sean los mismos, importan menos.
