En el valle del Guadalquivir ya no hay temporeros que cumplan las condiciones legales de la recogida de cítricos, fijada en 42,83 euros por seis horas y media de trabajo.
No los hay, porque quienes reclaman esas condiciones ya no encuentran empleo.
En el valle del Guadalquivir no hay propietarios de la tierra que necesiten jornaleros para recoger la fruta de sus árboles.
No los hay, porque los propietarios vendieron su cosecha sin necesidad de recogerla.
En el valle del Guadalquivir solo quedan intermediarios ajenos al cultivo de la fruta, aunque sea suya porque la adquirieron antes de recogerla.
Ellos organizan cuadrillas de braceros a los que pagan 25 euros por jornadas de diez horas y a los que ofrecen un espacio inhóspito donde descansar, entre turno y turno, previo pago 100 euros mensuales.
Los jornaleros de antaño miran con recelo a los nuevos.
Las cuadrillas de recién llegados esconden la ira que genera su paga y piensan en el PER que prorrogará sus peonadas.
También eso pasaba con los viejos.
Los administradores se sintieron satisfechos de su invento.
Los propietarios se desentienden del procedimiento. Ellos tampoco encontraron los precios que reclamaban.
Nadie habla. Todos lo saben.
No hay resquicio. Ni denuncias.
Sin silencio no hay sueldo.
El mercado no admite excepción: el abuso es la regla.
