La política de comunicación del actual gobierno ha tocado fondo en muy breve plazo. La torpeza de sus responsables es sublime.
Por sus errores la exministra Montón está en su casa, la titular de Defensa en el claustro, la de Justicia en un atolladero y el presidente del Gobierno camino del calvario en que quieren convertir sus opositores al Senado. Entre otros. Las acusaciones que se vertieron inicialmente contra ellos carecían de enjundia suficiente para tales desaguisados; al menos, si se comparan con otras irregularidades detectadas en otros ámbitos del espectro político.
Carmen Montón se benefició de los tratos de favor que el Instituto Público de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos dispensaba con prodigalidad entre personas influyentes, pero se inmoló cuando quiso eludir ese hecho tras una mentira. Dolores Delgado pudo guardar silencio sobre una comida de hace diez años con personajes entonces reconocidos y ahora repudiados, pero se pasó de frenada desmintiendo sus contactos y cambiando de versión en varias ocasiones. Margarita Robles se apresuró a dar buenas noticias que no podría cumplir y acabó corregida y relegada. Pedro Sánchez tampoco anduvo muy certero para sacudirse el fantasma del fraude o del plagio y acabará penando en la comparecencia a la que le ha obligado la cámara alta.
Este Gobierno se puso a correr sin resuello hacia ninguna parte y se olvidó de que la política exige comunicación y no solo señuelos o simple publicidad.
Aún así resulta sintomático que los casos que afectan al Gobierno se hayan amplificado en mucha mayor medida que otros bastante más “ostentoreos” –un neologismo atribuible a Jesús Gil que aúna ruido y ostentación– protagonizados por personajes de otros ámbitos políticos. Pablo Casado ha aportado mucha menos información sobre su master que Carmen Montón y, sin embargo, ahí sigue, blasonando, para colmo, de transparencia; él ha mentido con reiteración sobre su máster y su claridad, pero ha eludido la responsabilidad trasladando el debate sobre su comportamiento del ámbito de la ejemplaridad pública al de la legalidad. Con ese mismo baremo la ministra Montón merecía estar en el altar que el propio Casado ocupa por voluntad propia, pero un piso más arriba, más digno.
Esta realidad obedece a dos motivos, al menos. Por una parte, a que la lupa que se aplica sobre el Gobierno es superior a la que se usa en otras instancias. Por otra, a que la asunción de responsabilidad es patrimonio preferente, si no exclusivo, de determinados sectores. Pero quizás haya algo más: que los ciudadanos que se sitúan en estos ámbitos no solo demandan un mayor rigor de sus dirigentes sino que también reclaman unos mecanismos de reflexión y debate que eludan el mero sectarismo y la simple propaganda.
Y ahí se sitúan los fallos de comunicación: la política concebida como una sucesión de ocurrencias de tan fácil interpretación como difícil cumplimiento, el control de la agenda a base de iniciativas que ignoran su viabilidad en una realidad social dominada por otras fuerzas, el efectismo o la artimaña como instrumentos fundamentales de la acción pública, la renuncia a la claridad e incluso a la verdad de los datos para sustentar la argumentación frente a la crítica…
Desde esa perspectiva no cabe discutir sobre las dimisiones habidas o por haber, porque lo que se ha detectado hasta ahora, en el fondo, es la fragilidad e incluso la incompetencia de los responsables de la comunicación del Gobierno con los ciudadanos. Y en ese terreno, que se sepa, no hay dimisiones en ciernes.
