ERC reclama y consigue, para evitar una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Estado, que el Gobierno requiera a las grandes plataformas digitales, como Netflix o HBO, un porcentaje mínimo de contenidos en catalán, vasco o gallego. Se ha hablado, en concreto, del 7% de los contenidos de dichas plataformas en España.
Conviene no confundir las razones culturales con las exigencias partidistas. Conviene equilibrar las medidas a emplear y sus efectos. Conviene calibrar los argumentos para encontrar soluciones razonables. Conviene conocer los límites de cualquier empeño.
Para seguir este debate quizás merezca la pena leer, antes de seguir, un escrito firmado por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, con motivo del Día Europeo de las Lenguas.
Ahora, una vez repasado, distingamos:
Todas las lenguas merecen protección. Los hispanohablantes tenemos el deber de defender el catalán, el euskera, el gallego, el quechua, el aimara, e incluso el bable o el castúo. Y viceversa. Recíprocamente.
Una cosa es la posible atracción de producciones cinematográficas a un determinado lugar y otra la defensa de un idioma. Cabe la posibilidad de que en aras de este propósito se cierre cualquier posibilidad al primero. Conviene tener presente que las productoras o las plataformas audiovisuales tienen más intereses económicos que culturales. Tal vez merezca la pena crear estímulos e incluso, si cabe, fijar obligaciones para forzar el compromiso cultural, algo que va más allá del idioma empleado, aunque lo incluya.
Esas son las cuestiones a debate. ¿Es eso lo que se reclama? Si no fuera así, cabrían otra pregunta: ¿Es adecuado reclamar es susodicho 7% del catalán obligatorio en las plataformas a cambio de los presupuestos del Estado? La pregunta puede formularse al derecho y al revés. Como otros muchos disparates.
