Absortos por el pánico que Trump provoca, surge algo que deja a la sociedad no menos atónita: el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá, tras la denuncia de la actriz contra Íñigo Errejón por violencia sexual. El presunto delito del político pasa a un segundo plano en la misma sede judicial que presuntamente le juzga, a tenor de las actitudes soeces y hasta vejatorias del magistrado; sobre todo, las que profiere contra la denunciante. Sus preguntas atropelladas son un simple alegato contra la dignidad de las mujeres; no solo contra Elisa, sino también contra cualquiera otra que haya sufrido o conocido el más leve de los acosos machistas.
¿Quién puede aceptar esta aberración en nombre de la justicia?
¿Entonces? ¿Debió la actriz abandonar la sala?
A la vista del papel inquisitorial y denigrante del juez, esa habría sido, tal vez, la actitud más pertinente. Sin minusvalorar las vejaciones que Elisa Mouliaá pudo sufrir en su relación con Errejón, las que ejecutó el juez contra ella no fueron más leves. Con un agravante: ¿al señor juez, quién lo condena?
Otra perspectiva: ¿debieron los medios amplificar la violencia del juez y la vejación a la denunciante? La reproducción del interrogatorio en base al supuesto interés de la audiencia resulta repugnante. Sin embargo, la decisión de publicarlo encuentra un argumento favorable: el de denunciar el comportamiento del propio magistrado y, en la medida en que el sistema judicial le ampara, de la propia judicatura.
Si el juez no puede ser reprobado hasta su exclusión del sistema judicial, solo cabe desapreciar a esa institución que se reconoce como uno de los «tres pilares» del Estado de Derecho.
Apañaos estamos.
