“Queremos trasladarles que sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. A nadie puede satisfacer que aquello sucediera. No se debería haber prolongado tanto en el tiempo. Deberíamos haber llegado antes a Aiete. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Pero estamos convencidos de que es posible aliviarlo desde el respeto y la memoria. Sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a mitigarlo”.
Al fin, más de 60 años después de su creación, diez años después de que anunciara «el cese definitivo de su actividad armada», el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, han asumido la barbarie del terrorismo etarra e incluso su propia responsabilidad como herederos morales de ETA. Son ellos, y aquellos en cuyo nombre hablan, quienes han reconocido con cierta solemnidad, en el Palacio de Aiete de San Sebastián, el dolor causado a las víctimas; es decir, a sus víctimas. Y en consecuencia han reconocido su propia responsabilidad por acción, complicidad o silencio.
Esa imagen de Otegui y Rodríguez refuerza otras similares que habían anticipado Bittori y Miren en la Patria que describió Fernando Aramburu o en el homenaje a Juan Mari Jáuregui que comparten, Maixabel Lasa e Ibon Etxezarreta recreado por Iciar Bollaín en su Maixabel. Dos iconos, poderosos y recientes, ficcionados pero veraces, de una misma voluntad: existe un camino hacia la convivencia.
La comparecencia de los máximos representantes de HB Bildu y de Sortu tiene un indudable valor político, pero también simbólico y social. Lo que la literatura y el cine habían convertido en una referencia de lo posible, hoy se ha transformado en una referencia de lo viable. La declaración de los dirigentes abertzales abre esa posibilidad. Se trata de un hecho histórico y necesario, que ha costado demasiado tiempo y excesivo sufrimiento.
La declaración de Otegi y Arkaitz tiene valor por lo que reconoce desde el bando de los violentos: el derecho de las víctimas al respeto y la memoria. De ellos depende que tenga consecuencias que el manifiesto acalla: que una parte de la sociedad vasca, que asumió hasta la complicidad una realidad execrable, se adhiera sin ambages al manifiesto. A ello invita la declaración, más allá de la reivindicación del traslado de los presos etarras a cárceles radicadas en Euskadi.
Pero la declaración también reclama a la mayoría de la sociedad vasca un esfuerzo de generosidad para sobreponerse al dolor y a la división que impuso el terrorismo. Una voluntad que requiere además el compromiso generoso de la sociedad española en su conjunto.
Las primeras reacciones no parecen haber modificado las actitudes ya conocidas frente a ETA y sus epígonos tras la desarticulación de la banda y su compromiso –ahora reiterado e inequívoco– de abandono de la violencia. La desconfianza no desaparece por decreto, pero no convendría instrumentalizarla como arma política. Las palabras no bastan, pero solo ellas sirven para que, pese al dolor y la memoria, podamos mirarnos a los ojos.
¿Será posible, sin pecar de ingenuos, compartir el abrazo de Ibon y Maixabel o el de Miren y Bittori? Algo invita en este día a imaginarlo.
