La Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura ha remitido a la ciudadanía extremeña un comunicado en el que informa de las ayudas a la conciliación aprobadas por dicho organismo. La iniciativa se antoja digna de interés, aunque no se acaba de entender uno de los requisitos exigidos para acogerse a los beneficios establecidos por la norma. En concreto, la solicitud de la ayuda se debe acompañar, entre otros requisitos, con un “Certificado de delitos de naturaleza sexual de la persona contratada”.
No hay que alarmarse, porque otras instituciones reclaman «Certificados de antecedentes penales». En su afán de resumir se suprime «… carencia de…» y se acaba diciendo lo contrario de lo que se pretende. ¿Burocracia o contorsionismo?
