Rosa María Mateo, administradora única de la corporación RTVE, tenía un plazo de tres meses para dar el relevo al nuevo presidente salido del concurso público. A estas alturas ya ha superado su límite y, a tenor de los recursos presentados y la lentitud de quienes deben decidir, se le augura un mandato más largo que el del interino Sánchez al frente del Gobierno. Ya se le ha puesto cara, como a él, de responsable plenipotenciario.
Por esa razón está pensando –así lo cuentan– en reemplazar al director de TVE, Eladio Jareño, por Enric Hernández, todavía director de El Periódico. ¿Puede haber alguien dispuesto a aceptar un cargo así cuando el encargo de la persona que le nombra ya ha expirado? Entre los nombramientos de Rosa María Mateo al llegar a la corporación se salvó de la quema el susodicho Jareño, personaje otrora afín al PP y, en especial, a Alicia Sánchez Camacho, y en la actualidad próximo a Ciudadanos. Tal vez haya sido una decisión personal del interesado para colocarse en otro puesto más cómodo y seguro. O una rectificación de la administradora porque entre sus afines ninguno entendió la ratificación del nombramiento de un director achicharrado por su propia gestión.
¿Tiene esa decisión algo que ver con el anuncio de que este año TVE emitirá en catalán 40 horas semanales, el doble de las que se ofrecen actualmente? ¿A qué responde esta decisión? ¿A una convicción cultural y estratégica, de respeto al idioma propio de Cataluña? ¿A un guiño a algunos sectores políticos?
Resultaría curioso darle una vuelta a algunos argumentos utilizados durante muchos años. ¿TVE debería contribuir en estos tiempos a la normalización del castellano en un contexto en el que, por ejemplo, no existe ningún medio audiovisual público –y tampoco privado– que informe en Cataluña, en español o castellano, como se quiera, sobre la actualidad de la comunidad? ¿Hay así ciudadanos discriminados por razón de su idioma? A algunas personas tal vez les resulte impertinente la pregunta. ¿Lo es? Hace algún tiempo podría parecerlo. ¿Hoy?
