Este año he decidido que en la declaración del impuesto sobre la renta detraeré de la cantidad que debo abonar el 0,7 por ciento de la base imponible; es decir, lo que algunos ciudadanos (pocos o muchos es igual) deciden aportar a la Iglesia Católica.
He decidido hacerlo así porque me parece la única manera de ejercer mi derecho a no subvencionar a la Iglesia Católica. Y como ya llevo muchos años subvencionándola contra mi voluntad, he decidido que ya está bien. Y como los ilustres mandamases aseguran que no estoy obligado a hacerlo (en realidad dicen que no lo hago, aunque saben que es mentira), les haré caso hasta el fondo de su declaración.
Ellos argumentan que mis impuestos no se distraen en prebendas religiosas, pero esa afirmación es falsa; no hace falta extenderse en las variopintas exenciones impositivas, en las ayudas en euros al margen del 0,7 por ciento, en los beneficios sociales y económicos contantes y sonantes en pro del patrimonio privado de la santa madre…
Pero no solo por eso. Mientras los que deciden que el 0,7 por ciento de sus impuestos se destine a la Iglesia Católica no añadan esa cantidad a mayores de lo que les corresponde, los que no queremos hacerlo estamos sufragando servicios de todos y para todos, los que sean, a los que aquellos no contribuyen. O sea, gracias a su fe, si ese fuera el caso, lo cierto es que pagamos más de lo que nos corresponde.
Y por eso quiero pensar que ha llegado el momento de negarme a pagar ¡de verdad! el 0,7 por ciento. Busco abogado que me ayude a eludir el recargo, la ira y hasta la persecución fiscal; que me diga si deposito esa cantidad, por si las moscas, en una cuenta específica, aun a riesgo de que el banco se encargue de esquilmarla por sospechosa; un abogado que no me sople un diezmo exagerado a cambio de sus honorarios profesionales y que haga lo mismo que yo respecto del IRPF porque eso demostrará que cree en lo que defiende, argumento que, a lo mejor, puede ser útil ante el juez que inevitablemente caerá sobre nosotros.
Espero ofertas.
