Siempre, incluso cuando parece imposible. La imaginación o la capacidad de previsión están limitadas y, por ende, confunden. El ejercicio del periodismo vive horas críticas, pero los poderes públicos tienen remedios para profundizar la crisis. Quizás sea el único modo con que pueden contribuir a la catarsis: ahondando la fosa.
La Ley Audiovisual, ahora corregida y aumentada por la Junta Electoral, obligará a todas las cadenas de televisión, públicas y privadas, a utilizar el cronómetro en lugar del criterio informativo en los periodos electorales. Las entrevistas, los debates y las informaciones, todos ellos, habrán de ser proporcionales. Un quilo del que obtuvo mejores resultados en las anteriores elecciones, tres cuartos del segundo, medio del tercero, cuarto y mitad del cuarto, cuarto de quilo del quinto…
Hace cuatro años (entonces ese planteamiento sólo afectaba a los medios públicos) tuve la oportunidad de argumentar contra ese procedimiento ante la Junta Electoral Central. Algo entendieron y un poco aceptaron. En el mismo marco tuve oportunidad de explicarme ante los representantes políticos convocados por la propia Junta. Fue aún más difícil que ante los magistrados. “Algún criterio hay que poner”, ése era su máximo argumento. ¿Se puede medir la calidad de las manzanas en hertzios, la de las mandarinas en bites y la de los melones en bares?
Comprendo que el criterio profesional de los periodistas genere suspicacias y desconfianzas. Nos lo hemos ganado a pulso, hemos acumulado méritos. Sin embargo, el remedio no puede ser absurdo.
O sí. A la vista está. En cualquier caso, la responsabilidad última no será exclusiva del Parlamento o de la Junta Electoral. También de los periodistas. Si hubiera medios y grupos profesionales decentes, se ejercería la objeción de conciencia. Quizás no sea el asunto más flagrante para ejercitar ese derecho, pero ya va siendo hora de que se reivindique un periodismo digno con algo más que manifiestos.
