La ley del solo sí es sí surgió, entre otras motivaciones, como respuesta a un clamor. El que generó la sentencia de la Audiencia de La Rioja, luego avalada por el Tribunal Superior de dicha Comunidad, en el caso de la Manada: nueve años de prisión para cada uno de los acusados. Una sanción muy por debajo de lo que más tarde estableció el Tribunal Supremo: quince años.
¿Sirve ese caso para medir el escándalo generado por la Ley del solo sí es sí? En ese caso concreto, desde luego, las rebajas de las que se acusa a la nueva norma no se han producido; la propia Audiencia provincial, otrora benevolente, ahora las ha rechazado. La misma Audiencia ni siquiera ha atendido el recurso del único penado que planteó la rebaja, en el que pedía dejar la pena en 13 años y 9 meses. O sea, que el máximo reclamado por el abogado defensor al supuesto coladero de la nueva ley equivalía a menos de 10 por ciento de la condena efectiva. Poca rebaja en comparación con lo que los medios airean y la sociedad vocea.
¿Es ese caso, tan significativo, el más representativo del lío en el que andamos metidos?
Según parece, las polémicas rebajas no han sido masivas; de hecho, las sentencias que han ratificado las penas anteriores han duplicado a las que restaban tiempo a las condenas. Y según parece, cuando se alude a las excarcelaciones registradas, se obvia un detalle fundamental: el tiempo pendiente de condena de cada caso. Por ejemplo, el caso de un condenado a 12 años que “por culpa de la ley del solo sí es sí” ha salido excarcelado; quienes arguyeron ese caso ocultaron que al reo le restaban… tres meses para agotar su condena.
El PSOE ha tratado de hacerse el duro porque la sociedad ha interiorizado las alarmas como un desiderátum, mientras que la derecha –tantas veces condescendiente con los abusadores– se ha travestido de feminista por mero interés electoralista. La izquierda (Podemos y algunos más) se siente acusada de fiar al baluarte del consentimiento no solo al derecho de las mujeres (con toda razón) sino también a la gradación de las penas. Convertida en totem excluyente, la intimidación prescinde de posibles agravantes y esconde que el solo el sí es sí no evitará ni la confrontación de pruebas ante el juez ni el propio juicio.
Clara Serra ha iniciado en El País una reflexión, La polisemia del deseo, con un primer capítulo excelente: “El problema del consentimiento”.
Su planteamiento marca el nivel al que debería ascender la discusión social y, con mayor motivo, la política. Pero estamos lejos. Tan lejos que, por cuenta del debate actual, parece imponerse un criterio jurídico más que discutible: solo la ampliación de los castigos reduce los delitos. Falso de toda falsedad. Tan falaz como la descalificación de la nueva ley por meras razones electorales.
La ley aún vigente reúne tantos aspectos favorables que merece muchos más matices y menos encono.
La solución, en cualquier caso, reclama otras vías: planteamientos menos excluyentes y dicotómicos, miradas más amplias e integradoras, referencias que eleven el debate por encima de la norma concreta. Hay demasiado en juego. Sobre todo, víctimas –reconocidas o por venir– que merecen protección y absoluto respeto. Ellas demandan el compromiso de la sociedad entera. Por eso el escándalo desatado la envilece.
